En 2014 el economista y profesor Danilo Velasco Valdez, presentó un informe titulado Economía informal en Bolivia: Análisis, Evaluación y Cuantificación. El estudio muestra que el 60% de la economía boliviana lo compone la informalidad, sector que genera un 40% del empleo en Bolivia y que es un importante proveedor de bienes y servicios no facturados.

La pregunta que el estudio no hace es: ¿por qué se origina la economía informal? Responder esa interrogante, no es tarea de la ciencia económica sino del derecho.

Bruno Leoni en su inmortal obra La libertad y la ley publicada en 1961, expone los principios jurídicos del liberalismo clásico, que por naturaleza es frontalmente opuesto a la teoría estatista de Hans Kelsen. Leoni nos muestra que existen leyes contrarias al orden natural objetivo. No es que las personas inventen las leyes, sino que es un uso inveterado, y que es investigado, descubierto y declarado por los jueces, en el curso de un proceso histórico.

La pretensión Kelsiana de regular cada actividad de la vida social, es utópica e irracional. Por ejemplo:

Las leyes laborales: violan la libertad de contratación, generan desempleo y dificultan el ingreso al mercado laboral para las personas más jóvenes.

Las leyes de banca central y encaje legal: otorgan a la banca el privilegio de operar al borde de la quiebra, incrementando el riesgo para los ahorradores (además de destruir el poder adquisitivo del dinero).

Las leyes de protección a la industria nacional: son impulsadas por empresarios mediocres que tienen terror al mercado libre y esperan que el Estado socialice sus pérdidas en toda la población. Paradójicamente, no hacen lo mismo cuando se trata de sus ganancias.

Leyes de impuestos: Bolivia es el segundo país con la mayor presión fiscal del mundo. Para nadie es un secreto, los procedimientos abusivos y violentos que usa el Servicio de Impuestos Nacionales para cumplir sus metas de recaudación.

Las leyes de educación: son una clara violación a la soberanía familiar y los principios de la libertad religiosa y pensamiento. Los niños son obligados a pasar 6 horas al día durante 12 años en una escuela recibiendo la educación que el Estado considera buena para ellos.

Lastimosamente, nuestros abogados (salvadas excepciones) no conocen la diferencia planteada por Bruno Leoni. Tampoco son capaces de identificar las consecuencias de las leyes malas. Ante los problemas, sólo proponen más estatismo y mayores elementos de regulación, cuando la solución es exactamente la contraria.

La derogación de las leyes malas es vital para limitar a los gobiernos, liberar los mercados y ampliar los derechos de propiedad. Tarea que solo puede ser llevada a cabo, por una fuerza política de derecha (una de verdad, no lo que define el gobierno como derecha), que sea liberar en lo económico y conservadora en sus principios.

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