Los candidatos están más preocupados por combatir la desigualdad con asistencialismo, programas sociales, expropiaciones y redistribución de la riqueza que en establecer una propuesta clara, común, de combate al crimen organizado, un poder fáctico brutal, sanguinario, implacable. Pero este tema ni siquiera se percibe como una representación verdadera dentro del discurso de los partidos, más preocupados por preservar y recuperar sus posiciones de poder. 

Los candidatos están más preocupados por combatir la desigualdad con asistencialismo, programas sociales, expropiaciones y redistribución de la riqueza que en establecer una propuesta clara, común, de combate al crimen organizado, un poder fáctico brutal, sanguinario, implacable. Pero este tema ni siquiera se percibe como una representación verdadera dentro del discurso de los partidos, más preocupados por preservar y recuperar sus posiciones de poder.

¿Cómo es posible que estos grupos criminales que condicionan la representación de los ciudadanos, que influyen de manera desproporcionada en las decisiones reservadas a los poderes públicos, y que actúan en contubernio con la autoridad o incluso son sus rehenes, no merezcan ni un análisis serio por parte de los candidatos, ni el esbozo de una propuesta clara y contundente para frenarlos? 

Estos oligopolios criminales han evidenciado la debilidad del Estado una y otra vez; también, la ausencia de una visión de Estado de las distintas fuerzas políticas para presentar una propuesta conjunta que le haga frente al crimen organizado. La pluralidad política, en ese rubro y en otros, deja mucho que desear, ya por omisión, por complicidad o por ambas. El mejor ejemplo de ello es la ausencia de transparencia en el manejo de los recursos financieros al interior de los partidos (dinero ilegal proveniente del narcotráfico), el alto costo de las campañas y los nulos filtros para seleccionar a sus candidatos, muchas veces coludidos con el crimen organizado.

Por último, no debemos de olvidar que la principal responsabilidad de un Estado no es garantizar la igualdad por decreto, ni fomentar el asistencialismo clientelar, sino proteger a los ciudadanos y respetar su derecho a la propiedad privada, para ello paga impuestos.

 

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