Una de las críticas frecuentes que se lanzan sobre los opositores del candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, es que cacarean las opiniones sesgadas o politizadas de otros y no analizan lo que Andrés Manuel tiene que decir de propia voz. Por eso me di a la tarea de leer 2018: La salida, libro de su autoría, para hacer una exposición sucinta y lo más justa posible de algunas falacias en las que incurre. 

El libro empieza denunciando la corrupción como el peor de los males que aquejan a México. El diagnóstico, hasta ahí, parece sensato. ¿Pero qué es corrupción para Andrés? El “pillaje” que, según él, caracteriza al modelo neoliberal y que se concreta en la privatización de empresas otrora pertenecientes a la nación –es decir, a la gestión gubernamental–.

Andrés lamenta que se hayan privatizado “compañías como Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz, Fertilizantes Mexicanos, así como aseguradoras, ingenios azucareros, minas de oro, plata y cobre; ensambladoras de tractores, automóviles y motores, y fábricas de cemento, tubería y maquinaria […], tierras ejidales, las autopistas, los puertos y los aeropuertos”. Lamenta, además, que se haya incrementado “el margen de negocios para particulares nacionales y extranjeros en Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad”.

Esta identificación de la corrupción con la privatización es curiosa y reveladora. La privatización es un proceso que reduce las competencias del gobierno en la economía. Y la reducción del papel del gobierno en la economía es un freno a la corrupción. El economista Bruce Yandle, experto en regulaciones, popularizó en 1983 el concepto “Bootleggers and baptists” (que puede traducirse aproximadamente como “contrabandistas y bautistas”) para identificar cómo la corrupción se favorece cuando el gobierno puede otorgar favores económicos a grupos de interés que cuentan con un soporte moral o religioso. Es a través del poder gubernamental que pueden abrirse más espacios a la corrupción. ¿Cómo se salva a un hombre del fuego si se le arroja más gasolina?

Es difícil resistirse a ver en Andrés a un político con aspiraciones totalitarias cuando se lamenta de que todas las empresas enunciadas hayan dejado de ser administradas por el gobierno. Es por demás curioso cómo plantea estas preocupaciones, y promete devolverle más poder al gobierno, con finanzas públicas austeras, sin aumentar impuestos ni deuda pública.

La privatización de todas estas empresas, contrario a lo que Andrés Manuel supone, no proviene de un dogma neoliberal ni de una creencia ciega en lo que él llama “supremacía del mercado”. Tampoco proviene de la idea de que “tarde o temprano”, como él dice, la “riqueza goteará hacia la base de la sociedad”.

Andrés hace eco del fantasma del trickle-down economics; fantasma porque es una “teoría” que ningún economista serio defiende, que de hecho fue bautizada así por un comediante estadounidense, y que proviene de una interpretación malintencionada de la oposición de algunos economistas a poner trabas a la creación de riqueza.

La privatización responde a que agentes económicos privados pueden gestionar recursos de forma más eficiente, en función de que se les vuelve responsables de asumir pérdidas y ganancias.

Cuando un ente privado tiene ganancias, produce bienes o servicios más valiosos para el consumidor que los bienes o servicios alternativos que podrían ser producidos con ese mismo conjunto de recursos. Y eso lo podemos deducir porque los costos que asume una empresa reflejan el valor de sus insumos en usos alternativos. El precio que una empresa paga por sus insumos está determinado por las demandas de ese insumo en otros usos. Cuando una empresa tiene pérdidas, recibe un mensaje de alerta de que sus insumos tendrían un mejor uso en la producción de otros bienes o servicios. Las pérdidas actúan como una presión sobre los propietarios de una empresa para reorganizar sus factores productivos de forma inteligente y eficiente o dedicar sus insumos a la producción de bienes más apetecidos por el consumidor.

Cuando la gestión de una empresa es asumida por el gobierno, el gobierno pierde la guía de las pérdidas y ganancias; si no está asignando recursos de forma eficiente, puede cubrir sus costos tomando recursos de empresas productivas y seguir subsanando el desperdicio. Y los costos los asume el tributante, a quien se le coacciona para retirar su dinero de aquello que apetece para subsidiar lo que valora menos.

Si entendemos la economía detrás de las pérdidas y ganancias, podremos entender por qué la siguiente queja de Andrés es poco legítima: “¿En qué se avanzó con la privatización de los Ferrocarriles Nacionales en 1995, si en estos 22 años las empresas extranjeras no construyeron nuevas líneas férreas, eliminaron los trenes de pasajeros y cobran lo que quieren por el transporte de carga?”

Un economista está entrenado para ver lo que políticos como Andrés pasan por alto. Lo que Andrés Manuel ve es el cese de construcción de nuevas líneas férreas y eliminación de trenes de pasajeros; lo que no ve ni se pregunta es si los recursos liberados mediante la suspensión de esas actividades fueron más eficientemente empleados en otra parte. No hay un asomo de una discusión seria o científica de esta posibilidad: si los costos de nuevas líneas férreas y trenes de pasajeros superaban los beneficios, la privatización logró que los recursos se movieran lejos de nuevas líneas férreas y trenes de pasajeros hacia fines más valiosos.

Andrés Manuel, sin embargo, hace una crítica con la cual puedo simpatizar. Andrés acusa cierta correlación entre desigualdad económica y lo sucedido después del sexenio de Salinas. Esta correlación, sin embargo, no necesariamente es culpa de la privatización, como él cree, ni una llamada a devolverle al gobierno más poder sobre la economía. Bien puede ser el resultado de una alianza deleznable entre empresarios que piden restricciones y favores, y un gobierno que les otorga favores y les concede restricciones a sus competidores. Es de vuelta la dinámica de los Bootleggers and baptists de la que hablamos hace poco. No es el problema la privatización, sino lo que en economía llamamos mercantilismo. Y la cura, para reiterar, no es más gobierno, sino menos.

Pareciera que Andrés intuye la raíz del problema cuando más tarde, refiriéndose a la forma en que “traficantes de influencias generan profundos resentimientos sociales, añade que no está en contra de quienes obtienen un patrimonio con esfuerzo, trabajo, preparación, habilidad emprendedora y talento empresarial, pues tales ciudadanos merecen respeto y protección.”

Sigue después: El problema es la riqueza mal habida por medios ilegales y oscuros y relaciones inconfesables con las altas esferas del poder político. Si Andrés partiera de atender ese problema sin proponer una mayor injerencia del gobierno en los asuntos privados, sus ideas serían plausibles. Lamentablemente, no es el caso. Y no lo es porque después de pasar del diagnóstico a las soluciones, sugiere “convertir [al gobierno] en el promotor del desarrollo político, económico y social del país”. Evidencias del fracaso de un gobierno que impone directrices con la intención cándida de desarrollar a un país están registradas en decenas de libros de historia económica, incluyendo la historia económica de México.

La “apropiación de bienes de la colectividad” es una frase que se repite, ora de una forma y ora de otra, a lo largo del libro, para denunciar uno de los peores males del país. ¿Puede confiarse en el supuesto respeto que Andrés dice extender a los empresarios, con un discurso que puede volverse lo suficientemente elástico para declarar como colectivo y no privado todo lo que sea capricho del gobernante?

En una parte del libro, Andrés Manuel señala la aparente paradoja popular de que México sea uno de los principales productores de petróleo al tiempo de ser uno de los países que más importa “gasolinas y otros petrolíferos del mundo”.

Andrés nunca explica por qué se trata de una paradoja. Contrario a lo que pudiera ser la opinión popular, la paradoja no es obvia, incluso cuando Andrés hace la siguiente analogía: “Esta irracionalidad de vender petróleo crudo como materia prima y comprar gasolinas, viene a ser algo así como exportar naranjas e importar jugo de naranja”. Pero exportar naranjas e importar jugo de naranja no tendría por qué ser una irracionalidad. Y Andrés lo podría aprender de abrir un texto de economía básica. La división internacional del trabajo, mediante la cual los individuos de un país no producen todo lo que consumen, permite asignar tareas a aquellos que las pueden realizar a menor costo. Dado que los costos significan bienes a los cuales renunciamos, la división internacional del trabajo permite ahorrar recursos y satisfacer más fines humanos.

Andrés se anticipa a este tipo de contraargumento del siguiente modo: “se ha querido justificar de distintas maneras, incluso con el falso argumento de que es más barato comprar la gasolina afuera que producirla en México”. Si el lector espera que Obrador muestre, entonces, que producir la gasolina en México que actualmente se importa significaría una menor renuncia a fines valiosos, encontrará rápidamente la decepción.

Lo que sigue en su lugar es una retahíla de errores económicos que serían risibles de no ser porque los emite un contendiente serio a la presidencia de México: “No está de más señalar que producir un litro de gasolina requiere dos litros de crudo, y mientras que por este se obtienen a precio actual 8.96 pesos, el combustible se vende en 13.98 pesos, o sea, el valor agregado de refinación es de 35 por ciento y trae consigo otros beneficios como generar empleo en el país y no depender de ningún abastecedor externo”. Con este enunciado, Andrés Manuel no demuestra que producir gasolina en México sería más barato que importarla de Estados Unidos. Únicamente muestra que en el proceso de refinación hay un valor añadido. Si deseo mostrar que sería preferible hacer un jugo de naranja por mi cuenta que comprarlo, no basta con que sepa que puedo vender un par de naranjas en 10 pesos y comprar un jugo de naranja en 15 pesos. (Hasta aquí llegaría el análisis de Andrés). Debo saber si hacer el jugo por mi cuenta implica sacrificar más de cinco pesos por los cuales delegaría la tarea de hacer el jugo a otra persona. Si debo sacrificar otros fines por un valor superior a cinco pesos, no me convendrá hacer el jugo de naranja, por más que un jugo de naranja tenga un precio superior en cinco pesos a dos naranjas.

Se equivoca también Andrés Manuel al identificar la generación de empleo como un beneficio. Contrario a la sabiduría popular, el empleo es un costo. El trabajo es un medio y no un fin. Y formas ingeniosas de generar empleo sin realizar nada útil hay a montones. Todo político puede prometer generación de empleo si coacciona a sus ciudadanos a aceptar un pastel más chico, induciendo la ocupación en actividades improductivas.

El resto del libro propone ayudas varias a sectores de la población específicos. Andrés no logrará esta reasignación de recursos sin dejar atendidos otros sectores. Y no muestra en ningún momento cómo esta reasignación sería más eficiente que el orden actual. La preocupación por la eficiencia no es mero capricho de economistas; es poner atención al hecho de que con una mayor eficiencia se sirven más fines para mayores capas de la población.

En conclusión, las acusaciones de insensatez, imprudencia y recurrencia a falacias económicas que opositores como el que escribe suelen dirigir al proyecto de Andrés Manuel no carecen de sustento.

Si el electorado decide emitir su voto a favor de Andrés Manuel, por mero rechazo emocional o visceral a otros candidatos, debe recordar que no sólo afecta su porvenir, sino el de otros ciudadanos que habrán de sufrir las consecuencias. Las leyes económicas tienen una fuerza inexorable y tienden a manifestarse con dolorosa crueldad para todos, con excepción, quizá, de aquellos que aseguran sus bolsillos al amparo de la demagogia y las buenas intenciones y no experimentan el costo real de sus fracasos.

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